La PAH denuncia

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha denunciado hoy una «instrumentalización» por parte del Gobierno central de la Audiencia Nacional y los juzgados para «criminalizar» a aquellos «colectivos que, como esta plataforma, le resultan molestos pero gozan del apoyo social».

En declaraciones a EFE, uno de los representantes legales de la PAH en la Comunitat Valenciana, Ricardo Cano, ha afirmado que el Gobierno pretende «utilizar y convertir» la Audiencia Nacional «en lo que fue en sus orígenes, un tribunal del orden público».

Cano se ha referido así a la citación a declarar ante los juzgados de hasta seis miembros de la plataforma (tres de la Comunitat, uno de Madrid, uno de Cataluña y otro de Guadalajara) tras el incidente registrado el pasado 8 de mayo en el pleno del Senado durante el debate de la Ley Antidesahucios.

Una veintena de activistas de la PAH fue desalojada cuando, tras la votación que aprobaba la normativa, comenzaron a desplegar pancartas con el lema «No más muertes» y se pusieron camisetas verdes reivindicativas, al tiempo que gritaron a los senadores del grupo popular.

Pasado un tiempo, seis de estas personas recibieron una citación a declarar ante un juzgado acusadas de alteración del orden público y resistencia a la autoridad.

Una de estas citaciones, por exhorto de la Audiencia Nacional, encargada de la causa, estaba prevista para hoy en el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia.

Según ha asegurado el letrado, «aquel día no pasó nada de importancia en el Senado y no hubo amenazas de muerte a los senadores» y la denuncia contra su representado, miembro de la PAH en Valencia, «no tiene fundamento alguno».

Ricardo Cano deduce que las citaciones a los activistas, en las que «no consta cuál es la causa» de la misiva, parten de «una denuncia presentada por la Policía Nacional a instancia del presidente de la Cámara» tras la identificación de algunos activistas que participaron en la protesta.

En su opinión, el caso supone «otro intento más por parte del Gobierno del PP de criminalizar a la PAH y a todos aquellos colectivos que le molestan pero que tienen gran aceptación social», y ha acusado al Estado de pretender «reconvertir la Audiencia Nacional en el tribunal de orden público que era en sus orígenes».