Los movimientos sociales se unen para hacer frente a la “represión”
Tras casi dos años de intensas protestas, los activistas de los principales movimientos sociales de España acumulan cientos de miles de euros en multas y han sufrido decenas de detenciones. Ante esta situación, se reunieron ayer de nuevo con el objetivo de aunar esfuerzos y hacer frente a lo que consideran una “represión” creciente.
Cerca de 40 colectivos de Madrid, entre los que se encuentran los Yayoflautas, asambleas del 15-M, la Coordinadora 25-S, la PAH o la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, se han reunido ya en dos ocasiones para dar forma a la campaña No tenemos miedo, que constará de varias iniciativas conjuntas, que incluyen un “socorro mutuo” a nivel legal, económico y “práctico”.
“Que ningún detenido se encuentre sólo en el juzgado. Allí estaremos con él, llenando la sala, apoyándole y dándole calor”, es la idea que se ha defendido en las reuniones.
El último de los encuentros tuvo lugar este miércoles, en el centro social La Morada, donde se avanzó en la discusión sobre diferentes propuestas. Entre ellas, un “gran acto cultural”, en el que participen artistas y gente del mundo del espectáculo, para pedir que se anulen “todos los procesos contra manifestantes”.
“Es normal que los colectivos defiendan a sus miembros, pero en estos tiempos hace falta dar un paso más y extender la solidaridad a todo el mundo”, recogía uno de los presentes.
Además, la coordinadora de la campaña No tenemos miedo se encuentra también cuadrando fechas para organizar una “gran manifestación”, prevista para finales del mes de marzo, en la que se hará una “denuncia clara a [la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina] Cifuentes”, considerada la responsable del “aumento de la represión” vivido en los últimos meses.
No llevar la identificación a las manifestaciones
Una de las propuestas más debatidas ha sido la de no ir identificados a las manifestaciones. La intención de esta idea es dificultar la apertura de expedientes sancionadores a las personas que participen en una movilización.
Uno de los abogados de la comisión Legal de Sol advertía de los matices: “No ir con la identificación sólo conlleva que te lleven a la comisaría para realizar la comprobación de tu identidad. Lo que sí podría ser delito es llevarla y negarte a identificarte, porque incurres en desobediencia”, explicaba.
De este modo, tal y como debatieron en la reunión, la policía no podría realizar una identificación masiva y se vería obligada a seleccionar a algunos manifestantes para ser trasladados a comisaría. Después, el coste de este reducido número de multas sería asumido por la coordinadora antirrepresiva.
Necesidad de protección colectiva
En las últimas semanas, han florecido diversos grupos e iniciativas contra la acción policial contra manifestantes, como el caso de Madres contra la Represión, que aglutina a mujeres cuyos hijos han sido víctimas de detenciones o expedientes sancionadores, o la Plataforma por la Libertad de Alfon, que exigía el fin del confinamiento en prisión del joven Alfonso Fernández, detenido en la huelga general del 14-N. También ha habido diferentes experiencias para el pago colectivo de multas.
El último y uno de los que ha tenido más éxito ha sido el crowfunding puesto en marcha desde la asamblea del 15-M de Arganzuela, que logró en dos días el dinero suficiente para pagar las multas a cinco de sus miembros
Fuente: Eduardo Muriel -La Marea