Los yayoflautas se manifiestan para que gallardón retire su reforma del código penal
Una veintena de yayoflautas se concentraron este jueves frente a la sede del Ministerio de Justicia, en Madrid, para demandar que el titular del departamento, Alberto Ruiz-Gallardón, retire la reforma del Código Penal que tiene en marcha.
Los manifestantes, que se autodenominaban Yayoflautas de Madrid, se concentraron frente a Justicia hacia las 11,30 de la mañana, coincidiendo con una rueda de prensa en la que el departamento de Gallardón presentó una guía forense para casos de bebés robados.
Los concentrados vestían chalecos amarillos y repartieron panfletos con sus demandas frente al edificio en el que tiene su despacho el ministro. Los efectivos de seguridad que vigilan esta sede gubernamental dejaron que los jubilados realizan sin mayor problema su acto de protesta.
Los yayoflautas son un movimiento de jubila
dos y personas mayores que han protagonizado en los últimos meses acciones de protesta relacionadas con la grave crisis económica que sufre España. Estos indignados de la tercera edad han protagonizado iniciativas como ocupar simbólicamente entidades bancarias.
VIOLENCIA POLICIAL
En este sentido, los yayoflautas que se concentraron frente al despacho de Gallardón repartieron unos panfletos con el encabezamiento En defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía, en el que se pedía la paralización del proyecto de Código Penal impulsado por Gallardón.
Estos jubilados argumentan que Justicia pretende aprobar una reforma del Código Penal dirigida a criminalizar las acciones de protesta pacífica, así como la difusión de las mismas a través de las redes sociales.
Los manifestantes también reclamaban en este escrito el cese de toda violencia policial indiscriminada dirigida contra la población civil y, muy especialmente, el uso de balas de goma y gases lacrimógenos por los cuerpos antidisturbios.
El panfleto de los yayoflautas de Madrid hacía estas reclamaciones tras sostener que en España se vive una situación de retroceso de libertades y una presión gubernamental para criminalizar el activismo comprometido con los derechos fundamentales.
Ecodiario-eleconomista.es
(SERVIMEDIA)
17-ENE-13