Se acabó el tiempo de descuento político
A estas alturas los paños calientes ya no sirven, es inaplazable dejar clara la postura que cada institución del Estado en relación con los retos políticos que están abiertos. Cada colectivo e incluso cada ciudadano responsable ha tomado postura para rehacer la casa común, a la que con más ligereza que conciencia plena se apela constantemente.
Es muy inquietante la cadena de decisiones, nada aleatorias sino que persiguen fines muy concretos, que toma de forma cuasi dictatorial el Ejecutivo español. Las modificaciones radicales que afectan a Leyes de enorme importancia, como el Código Penal, la de Orden Público, la castración interesada de la Justicia Universal, la versión nacional católica de la Ley de Educación (con anulaciones de gran calado), y ahora la digitalización de los Archivos de los Registros Civiles, con la excusa de la “modernización / privatización de todos nuestros datos personales, ignoran impunemente el obligado blindaje de estas delicadas materias, y apuntan a una cadena evidente de delitos de prevaricación por parte del Ejecutivo en bloque y de la parte del Legislativo que apoya la vulneraciones incluso de Convenios Internacionales de obligado cumplimiento por parte de España, como país signatario de ellos. Todo ello sin contar las serias peticiones de nuevos recortes que desde la OCDE se han hecho ayer mismo, para apretar un poco más el garrote vil con el que se ha hundido de forma irremediable a las clases medias españolas.
Con ser gravísima esta cadena de despropósitos, (aberraciones legislativas a los que una parte sustantiva del electorado parece no afectar en sus intenciones de seguir otorgando su apoyo a unos representantes que han demostrado ser indignos de confianza) la mención del título de estas líneas hace referencia a algo que una vez más nos va a arrastrar internacionalmente por el lodo de la infamia. A finales de julio se hicieron públicas las recomendaciones que, por parte del Comité de NN. UU. para Personas Desaparecidas y por parte del Grupo de Trabajo, se le hicieron a España en relación con los crímenes imprescriptibles derivados de la dictadura militar de Franco.
Ha transcurrido prácticamente la mitad del plazo dado a España, noventa días naturales desde que se remitieron al Ejecutivo español esas Recomendaciones. Las víctimas, a las que hacen referencias esas Recomendaciones, son interlocutores obligados para consensuar un plan creíble que tenga la consideración de mínimo cumplimiento de España como estado miembro de NN. UU. En estos momentos no existe ningún indicio de que se tenga ni siquiera intención de conocer la opinión de las Víctimas en la planificación de una acción de Estado que atienda ese emplazamiento. Hay que temer que, como viene siendo habitual en este impresentable Gobierno, se dejen caer en el último minuto con un bodrio elaborado a prisa y de forma chapucera para aparentar que se ha cumplido una parte mínima y superficial de esos demoledores informes y sus demandas de Verdad, Justicia, Reparación y Compromiso de no Repetición. Y entre tanto el Jefe del Estado habrá acudido a la Asamblea General de NN. UU. a intentar dar unas explicaciones, en nombre de este Ejecutivo, repitiendo una serie de vagas promesas que el Gobierno le habrá pasado en el último minuto. Seguimos a la cola de los países con vergüenza que defienden a sus ciudadanos y cumplen sus compromisos, internos en política doméstica e internacionales como miembros respetables del conjunto de la comunidad internacional.
Madrid, 8 de septiembre, 2014.
Francisco González de Tena.