Un centenar de «yayoflautas» han irrumpido hoy en la sede de la consellería de Justicia, donde han entregado un manifiesto en el que claman contra el uso policial de pelotas de goma y exigen que se paralice la reforma del Código Penal impulsada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón.

Los integrantes de este colectivo de ancianos indignados han accedido a primera hora de la mañana a la sede del Departamento de Justicia, en la calle Casp, donde han leído un manifiesto con sus reivindicaciones y han entregado una copia en recepción, sin que se produjeran incidencias, según fuentes de la consellería.

Posteriormente, los «yayoflautas» han improvisado una manifestación hasta la sede del Colegio de Abogados de Barcelona, donde han presentado en rueda de prensa el manifiesto con sus reivindicaciones.

En concreto, los «yayoflautas» exigen el fin de cualquier expresión de lo que consideran «violencia policial indiscriminada dirigida contra la población civil», especialmente el uso de pelotas de goma y de gases lacrimógenos por parte de los antidisturbios.

Asimismo, también reclaman al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que paralice la reforma del Código Penal, al entender que pretende criminalizar las acciones de protesta civil pacífica así como su difusión en las redes sociales.

Un portavoz del colectivo de «yayoflautas» ha explicado que, además de en Barcelona, los ancianos indignados también han acudido a sedes judiciales de Madrid, Valencia y Córdoba para entregar su manifiesto, al que esperan adhesiones de particulares y asociaciones.

Los «yayoflautas» claman en el manifiesto por establecer un «frente común» en el que los ciudadanos y los colectivos sociales den respuesta a la «escalada represiva» que supone la actual situación de «retroceso de libertades» y de «presión gubernamental para criminalizar el activismo comprometido con los derechos fundamentales».

Según los «yayoflautas», la actual crisis económica está llevando a miles de familias a situaciones «desesperadas de miseria e indigencia», lo que se ve agravado por los recortes impulsados por Gobierno central y de la Generalitat, ya que comportan «graves sacrificios para los sectores más desfavorecidos de la población».

Para este colectivo, pese a que las protestas sociales contra los recortes se han llevado a cabo de forma pacífica y legítima, los gobiernos central y autonómicos «han recurrido sistemáticamente a la represión, mediante multas, violencia policial y privación de libertad».