Ley Gallardón y Ley Mordaza
La crisis del capitalismo ha llevado a muchas personas al suicidio, a una deuda impagable, a medidas de ajuste antisociales, a diferencias cada vez mayores entre ricos y pobres, al aumento de la pobreza, a profundos déficits politicos y elevadísimas lagunas democráticas que dejan sin canales de información ni de participación e intervención social y política a la ciudadanía. El terrorismo de Estado se produce por una política sometida completamente al poder financiero, con altísimas dosis de corrupción y “puertas giratorias”. Cuando lo constitucional fue convertido en normas para mantener y hacer crecer privilegios y cuando estas conversiones solo necesitan votos parlamentarios de un partido, lo legal ya nada tiene que ver con lo que sería legítimo. Evidentemente, hemos de optar por lo legítimo y no por lo legal.
Y es que los cambios en lo legal, vigente o pendiente aun de aprobar, están
siendo claro terrorismo de estado.
Veamos el ejemplo de la Ley Gallardón y la que se prevé, mal llamada, de “Seguridad Ciudadana”
Recurrir ante los tribunales las multas que se prevén aprobar por participar en un escrache o manifestarse frente al Congreso de los Diputados costará entre 360 y 2.750 euros sólo en tasas, es decir, gastos de abogado y procurador aparte. A la dureza de las sanciones anunciadas por el Ejecutivo para infracciones a la futura Ley de Seguridad Ciudadana (con multas de hasta 600.000 euros), se suma el impedimento que las tasas suponen para el derecho de acceso a la justicia.
En el peor de los casos, es decir, que un ciudadano sea multado con 600.000 euros por infringir la conocida como «Ley Mordaza», la tasa correspondiente al recurso contencioso-administrativo que puede formular se elevaría, en primera instancia, a 950 euros (350 de la parte fija de la tasa, y 600 euros más del 0,1% de la cuantía del pleito, que es la parte variable). En caso de apelar la sentencia de primera instancia, habría que pagar otra tasa de 1.400 euros, o si se acude en casación al Supremo, una de 1.800 euros.
La Ley de Tasas, en vigor desde noviembre de 2012, está recurrida ante el Tribunal Constitucional no sólo por el PSOE sino también por la propia Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que duda de su constitucionalidad.
La plataforma Justicia para Todos, que agrupa al Consejo General de la Abogacía y asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos y consumidores, ha hecho público un comunicado con motivo del primer año del ‘tasazo’ de Gallardón en el que denuncia precisamente que «se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas».
Añaden que «el efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia, obligando al Ministerio de Justicia, al menos, a reconocer en su comparecencia en el Congreso porcentajes muy significativos de reducción de asuntos».
Frente a la idea que maneja la futura norma de que la Policía está desprotegida, los informes del Consejo de Europa advierten más bien de lo contrario: del uso desproporcionado de la fuerza por la policía y pone en duda la idoneidad de la actuación de los antidisturbios. Además, la institución europea ha recriminado en varias ocasiones al Gobierno español la ausencia de placas identificativas de los agentes, que dejan en situación de vulnerabilidad a posibles denunciantes de abusos.
La Justicia ha fallado a favor de manifestantes al condenar en varias ocasiones a la Delegación de Gobierno de Madrid por vulnerar los derechos de los participantes en protestas por las que los que había multado.
