La sostenibilidad de las pensiones es un problema político, no económico

En defensa del sistema público de pensiones, determinados economistas y juristas han firmado un Documento que fue elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con base en él pretende acometer el PP. Los ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que se está llevando a cabo.

En la página http://documentopensiones.org/ figura este excelente documento que, entre otras personas firman algunas que podrían ser magníficas candidatas a yayoflautas de honor:

Cristina Carrasco

Profesora de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Amplia investigación y publicaciones en temas de trabajo de las mujeres y economía feminista. Pertenece al consejo Editorial de la Revista de Economía Crítica y del Feminist Economics.

Miren Etxezarreta

Economista. Ha sido durante 35 años Catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde sigue siendo Catedrática emérita. Entre sus diversas obras se pueden mencionar: ‘Que pensiones, qué futuro’ con otros colegas, Ediciones Icaria, 2009 y Privatisation of pensions, artículo con Mejra Festic, publicado en Privatisation against the european social model, Editado por Marika Frangakis et. al. Palgrave, 2009.

Vicenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, y también de la The Johns Hopkins University en EEUU. Dirige el programa de Políticas Públicas y Sociales, de patrocinio conjunto por la UPF-Hopkins. Es uno de los autores más citados en la bibliografía científica internacional en Ciencias Sociales, que incluye Ciencias Políticas y Economía.

Aconsejamos vehemente la lectura del documento, al que nos hemos adherido y desde aquí incidimos en algunas de las conclusiones del documento:

«Lo que viene ocurriendo es consecuencia de las políticas neoliberales que han aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de la Unión Europea y, en particular, a causa de la respuesta que se está dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a las grandes empresas y que está produciendo, precisamente, todo estos fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad

 

Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la productividad aumente en los próximos años simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos el proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, España podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que lógicamente se producirá en los próximos años.

 

Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones.

 

El engaño que llevan consigo las predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes es patente si se tiene en cuenta que el último informe de la Unión Europea sobre envejecimiento prevé que España llegue a un máximo de gasto en pensiones de algo más del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje excesivo pero se oculta que otros países ya lo han alcanzado en la actualidad. Asumir que Francia o Italia puede dedicar hoy día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar más o menos esa misma proporción en 2050 o es de un irrealismo sospechoso o es aceptar sin más que el paro alcance niveles impensables y que los salarios españoles van a ser mucho peor que tercermundistas en los próximos años. Pero, en ese caso, resulta también completamente cínico y falso culpar de la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la esperanza de vida.

 

Denunciamos que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas anteriormente.

 

Ninguno de ellos acertó en ninguno de sus estudios en los que asustaban alegando que habría déficit del sistema de pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual, eran de nuevo contratados por los bancos y aseguradoras para que los repitieran para otros años, volviendo siempre a equivocarse y ahora vuelven a presentarse como si ellos fueran los que saben lo que hay que hacer para hacer frente a los problemas del futuro.

 

Denunciamos también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.

 

Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta más baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales, como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia inaceptable.

Denunciamos que el grupo “de sabios” que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido una composición claramente sesgada y muy poco independiente.

 

La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o de seguros que es obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las pensiones y de un aumento de la suscripción de planes de ahorro privados.

 

Denunciamos que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio financiero del sistema de pensiones no toma nada más que la medida de recortarlas para alcanzarlo.

 

Concretamente, el Gobierno no adopta las decisiones que podrían aumentar los ingresos, no solo haciendo otras políticas que podrían aumentar el empleo o reducir la desigualdad, sino otras más inmediatas como impedir que se pacten jubilaciones forzosas, la prejubilación de iniciativa autónoma sin causa objetiva y los despidos en edad de posible jubilación anticipada o, por otro lado, revisar la baja cotización de casi cuatro millones de personas que se encuentran en los regímenes especiales y los niveles mínimos y topes máximos de cotización que suponen una fuga inmensa de recursos.

 

Denunciamos que se oculta a los españoles que las cotizaciones sociales no son necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas.

 

Como ya ocurre en otros países, en casos de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el sistema se puede financiar con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y se oculta también que se pueden obtener muchos más ingresos públicos para ello y para otros fines si se reforma el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal, en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su persecución.

 

Denunciamos que lo que pretenden las reformas que se realizan de las pensiones públicas es promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad Social.

 

Es evidente que difundir continuamente informes catastrofistas, estudios sesgados y predicciones terribles sobre el futuro de las pensiones públicas solo puede tener una consecuencia: que cada vez más gente desconfíe del sistema público y trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado. Ese es el negocio que buscan las entidades financieras, pero se oculta a la población que la mayoría de los trabajadores no podrá ahorrar lo suficiente, que esos fondos son muy inseguros y peligrosos, y que solo son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre enemigos de lo público reclaman para que las pensiones privadas puedan resultarles un negocio suculento.

 

Denunciamos la complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones públicas y por doblegarse ante quienes vienen imponiendo las políticas que crean el paro, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento productivo que las pone realmente en peligro.

 

Por todo ello, y a partir de nuestros conocimientos y experiencia como economistas y juristas, pedimos a la opinión pública que no se deje engañar por argumentos interesados que solo buscan obtener aún más ganancias, en este caso gestionando los fondos que ahora maneja la Seguridad Social.

 

Somos plenamente conscientes de que nuestras pensiones públicas corren un grave peligro pero, como hemos dicho, no por las razones que se aducen sino justamente por las que se callan y que los mismos gobiernos han provocado. Sabemos que el más lento envejecimiento aumentará nuestro gasto y que eso requiere disponer de más recursos, pero la solución “sabia” no puede ser reducir la cuantía de las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se van a necesitar y poner entonces sobre la mesa la forma en que hemos de generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con certeza que no todas las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando lleguen a la vejez y que sin pensiones públicas casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en situación de pobreza severa.

 

Llamamos, pues, a la denuncia de las propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el rechazo frontal a todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra política económica frente a la crisis que no siga destruyendo empleo y generando cada día más deuda y empobrecimiento.