En caso de que 2015 se inicie con una completa criminalización de la resistencia pacífica
Queridas compañeras activistas, personas de nuestro movimiento y de tantos otros, descubiertas en nuestras calles, admiradas, admirables trabajadoras por el bien común; no queremos terminar el año sin un llamamiento de futuro que ya comentó (figura el comentario completo más abajo) nuestro Yayo Ovidio en 2013: «Frente al poder hay que contener la rabia para utilizar la imaginación y la inteligencia».
Reponemos hoy parte de una entrada en nuestra web, escrita en 2013 pero candente ahora en que se inicia un año con zancadillas legales ilegítimas, con la tercera forma de criminalizarnos que es la judicialización:
«Rechazamos abiertamente las actuaciones policiales, propagandísticas y judiciales, que solo persiguen generar miedo entre la ciudadanía, que golpeada sin piedad por una crisis provocada por la desmedida ambición de unos pocos, manifiesta abiertamente su protesta, en un pacífico ejercicio de sus derechos fundamentales.
La criminalización consiste en la asociación de la protesta social al delito y a las personas que protestan a delincuentes y puede asumir tres formas: la represión física, la judicialización y la producción simbólica del discurso que naturaliza este tipo de asociación a través de los medios.
La política de criminalización de los movimientos sociales y ciudadanos, supone diversos grados de control y represión que conllevan otras tantas estrategias mediáticas, policiales y judiciales. Para llevar a cabo estás políticas de criminalización, el gobierno no ha tenido empacho en “forzar la ley” para legitimar, entre otras muchas cosas, las identificaciones injustificadas o detenciones aleatorias, la prohibición de concentraciones y manifestaciones pacíficas, la sanción de la resistencia pasiva o la fiscalización de las redes sociales. Todas ellas medidas de dudosa legitimidad democrática, escaso amparo constitucional
Nos estamos encaminando a un sistema de “estado policial” donde los derechos fundamentales, políticos y ciudadanos serán furibundamente atacados. El ciudadano descontento y reivindicativo, pasa a ser directamente un “enemigo” al que hay que neutralizar.
Actualmente y durante los próximos meses vamos a asistir a un incremento de la repression y criminalización de los movimientos sociales con el fin de abortar la expresion de cualquier disidencia.
En el momento que no permiten el disenso y el ejercicio de las divergencia tan esenciales a las democracias. “Alguien termina por decidir por nosotros lo que es el bien común”.
Además, se crecen al ver que no se actua contra estas injusticias, con lo que les podrían seguir las detenciones nocturnas previa patada en la puerta, las desapariciones de la ciudadanía resistente, …….»
