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La Cifuentes

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El accidente en moto de Cristina Cifuentes sólo me ha producido frío e indiferencia. Cuando en 1998 murió Antonio Herrero, periodista de la COPE, que se caracterizaba por su agresivo conservadurismo, su catolicismo histérico y su tendencia a insultar sin tregua a los “rojoseparatistas” que conspiraban contra la unidad y las tradiciones de la España eterna, Eduardo Haro Tecglen se atrevió a escribir algo semejante en su columna, desatando la furia de la derecha y la reprobación del PSOE, que ya había vendido su alma al neoliberalismo bajo el funesto liderazgo de Felipe González, también conocido como Mr. X. El ABC, que había bautizado a Eduardo Haro Tecglen como la “momia estalinista”, aprovechó la ocasión para difamarle un poco más. Sin embargo, Haro Tecglen se limitó a ser tan sincero como las miles de personas que ahora vuelcan su ira contra Cristina Cifuentes en las redes sociales, manifestando su alegría por su infortunio. Siempre he detestado los linchamientos, pero en este caso creo que sería más justo hablar de legítima indignación popular. La delegada del Gobierno en Madrid ha criminalizado las protestas sociales, aplicando una durísima política represiva, que ha incluido brutales cargas policiales, multas de dudosa legalidad y acusaciones de terrorismo contra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los ataques que ahora recibe pueden parecer inhumanos, pero lo verdaderamente inhumano es apalear a los ciudadanos por exigir el fin de la precariedad, el empobrecimiento y la exclusión social.

 

VECINOS PIDEN CAMBIOS LEGISLATIVOS QUE EVITEN TRAGEDIAS POR LOS DESAHUCIOS

 

Cristina Cifuentes ha empleado la intimidación y el cinismo con todos los colectivos que protestan contra las medidas del gobierno de Rajoy. Durante la manifestación de los mineros, la Unidad de Intervención Policial actuó como las Fuerzas del Orden Público de la dictadura franquista, disparando pelotas de goma contra manifestantes y transeúntes. El 11 de julio de 2012 Consolación Baudín Lastra, una ciudadana de 54 años, recibió un pelotazo en el costado por aplaudir a los mineros en huelga. El pelotazo no le produjo un hematoma, sino un neumotórax y la fractura de varias vértebras. Necesitó una traqueotomía y 40 días de ventilación mecánica. El juez archivó la denuncia de Consolación, alegando que era imposible identificar al agente que disparó. Según varios diarios, la filosofía de Cristina Cifuentes se concentra en una frase, que suele repetir en privado: “Cuando digo: ‘si sacas la pistola es para disparar’, quiero decir que no amagues si no vas a dar”. Cuando alguien le ha recordado su responsabilidad en los incidentes del 25-S, donde los antidisturbios cercaron a los manifestantes y los persiguieron hasta el interior de la Estación de Metro de Atocha, golpeando indiscriminadamente a todo el que se cruzaba en su camino, incluyendo viajeros y periodistas, la delegada del Gobierno se ha limitado a sonreír y ha repetido uno de sus mantras preferidos: “Ya, ya. La Policía y la Guardia Civil son los malos y no los buenos”. Por los testimonios de los detenidos e interrogados en la Comisaría de Policía del Distrito Fontarron-Moratalaz (Madrid), conocida como “el Guantánamo de Moratalaz”, los agentes de la ley no son precisamente los buenos de la película.

 

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Entre los muros de esta infausta comisaría, se han cometido toda clase de abusos y malos tratos. Los 28 detenidos tras el desalojo del la Puerta del Sol la primera noche del aniversario del 15-M denunciaron que se les obligó a permanecer en un patio esposados y cara a la pared durante horas, soportando insultos, vejaciones y golpes. Algunos agentes les llamaron “rojos de mierda” y les amenazaron con hacerlos desaparecer. Es decir, repitieron las amenazas del 15 de mayo de 2011, cuando 19 detenidos sufrieron malos tratos físicos y psíquicos. La revista Rolling Stone recogió algunos de los testimonios: <<A un compañero, después de efectuar su detención, dentro del furgón y con las manos atadas, le cogieron de la cabeza y le dieron golpes con el asiento del furgón, diciéndole que llevar rastas es “anti-higiénico” y que le daba igual que no hubiera hecho nada, pero que era “un guarro”, y que eso les bastaba para pegarle. […] A otro compañero, por llevar pantalones bombachos, le dicen: “Normal que no encuentres trabajo con esos pantalones de maricón”, entre otros comentarios homófobos y machistas. […]  En la Brigada de Información Provincial de Madrid, situada en Moratalaz, no podíamos levantar la mirada del suelo, ya que o bien recibías un grito o un golpe. Era como en las películas de terroristas, iban todos encapuchados, no nos dejaban mirarlos a la cara, ni siquiera cuando nos hacían una pregunta. Por desgracia, la realidad supera la ficción. […]  A otro compañero le dijeron: “Has tenido suerte de que no te hayamos pegado dos tiros”. Mientras nos arrastraban escaleras arriba dijeron: “Deberíamos tirarlos por la ventana, que son unos rojos de mierda”>>. Podría prolongar los testimonios hasta el hastío, pero al menos quiero mencionar que los policías escatimaron la asistencia médica a un enfermo del corazón, se negaron a facilitar recursos higiénicos a una detenida con la menstruación, alteraron los ciclos de sueño para incrementar los sentimientos de pánico y desorientación y no permitieron realizar llamadas telefónicas. Todos los detenidos fueron acusados de desórdenes públicos, resistencia y atentado contra la autoridad. En esas fechas, la delegada del Gobierno era la socialista María Dolores Carrión Martín, que se mostró implacable con los indignados y extremadamente solícita con los peregrinos que alababan a Benedicto XVI, con gritos histéricos. Conviene no olvidarlo, especialmente cuando algunos planteamos que votar cada cuatro años no significa vivir en una democracia.

 

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Las cosas no han cambiado en la Comisaría de Moratalaz, donde se hallan acantonados 800 agentes de la Unidad de Intervención Policial, los denominadosPumas y Camel, nombres que evocan a los escuadrones de la muerte de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta y ochenta, aficionados a autodenominarse con apodos semejantes. El inspector jefe Javier Nogueroles está al mando. Después de las cargas del 25-S, se le concedió la máxima distinción policial, lo cual significó un incremento salarial del 10%. Muchos interpretaron la condecoración como un gesto de agradecimiento de la clase política, que contempló el asedio del Congreso como una amenaza personal. No cabe extrañarse de que los recortes hayan afectado a todas las partidas, salvo a la dedicada a material antidisturbios, que se ha multiplicado por 19, pasando de 173.670 euros a 3’25 millones en 2013. María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, comparó el 25-S con el golpe de Estado del 23-F. Es una comparación estrafalaria, pero muy congruente con su línea política, que ha incluido la retirada de oxígeno a enfermos domiciliarios, según informan vecinos de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Los brutales recortes en la Ley de Dependencia, aplicados con la misma insensibilidad en las comunidades gobernadas por el PSOE, el PP, el PNV o CIU, han empujado a muchos ciudadanos a la desesperación más negra. El pasado 3 de junio un hombre de 36 años, L.C.M.G., se quemó a lo bonzo ante la sede de la Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Málaga. En 2008, la Junta había reconocido a su madre el derecho a beneficiarse del Programa Individual de Atención (PIA), pero la mujer falleció en 2011 sin recibir ninguna prestación. L.C.M.G presenta quemaduras de segundo grado en el 63% de su cuerpo, pero sólo es unas iniciales y ni Rubalcaba ni otros líderes políticos manifestarán públicamente su consternación. Sólo es otra víctima más de la crisis y la noticia se hundirá enseguida en el olvido. Por el contrario, Cristina Cifuentes se halla ingresada en la UCI del Hospital de la Paz, con todos los medios de comunicación pendientes de su estado. Un centenar de trabajadores del hospital han pedido que sea atendida en un centro privado. Su indignación es comprensible, pues la Comunidad de Madrid continúa con el proceso de privatización de la sanidad pública, pese a que el Tribunal Superior de Justicia había paralizado el proceso por un defecto de forma. La Comunidad de Madrid había reducido en un 90% el aval requerido para los posibles adjudicatarios, que ha pasado de 200 a 28 millones de euros. Mientras se regalan prebendas y descuentos, la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, se pregunta: “¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?” No sé si Cristina Cifuentes se recuperará y volverá a la política, con el sueño de ser la nueva alcaldesa de Madrid, sucediendo a la insulsa y devota Ana Botella. Al parecer, ha experimentado una ligera mejoría. Pase lo que pase, algo muy grave sucede en un país cuando millones de ciudadanos celebran que un político bordee la muerte por culpa de un accidente de tráfico. Si se gobierna contra el pueblo, no se puede esperar compasión ni afecto. España se merece otros políticos y una verdadera democracia, con libertad, solidaridad, igualdad y justicia para todos.

 

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RAFAEL NARBONA

 

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