Pensiones Dignas. Vida Digna
El próximo sábado 26 de octubre saldremos en Madrid a la calle en defensa del Sistema Público de Pensiones, junto a colectivos de todo el estado y todas aquellas personas que sepan ver lo que significa defender las pensiones presentes y futuras. No es una reivindicación de viejos egoístas que sólo piensan en lo suyo, hipotecando el futuro de la juventud, como algunas mentes neoliberales difunden para enfrentarnos entre generaciones. Se trata de defender un modelo solidario de sociedad donde todo el mundo tenga los recursos necesarios para llevar una vida digna, también en la vejez. Ciertamente, es un planteamiento que va a contracorriente, en un momento en el que la riqueza se concentra cada vez en menos manos y la pobreza se extiende como una mancha de aceite en nombre de la libertad. Reivindicar una pensión digna NO hipoteca el futuro de la juventud. Sí lo hipotecan trabajos precarios y salarios de miseria. Sí lo hipotecan la especulación de la vivienda y la falta de oportunidades para quienes no han nacido en familias de «buena posición». Como yayoflautas, la juventud no es nuestra enemiga sino nuestra aliada. Somos hijas del 15M, un movimiento mayoritariamente joven que se empeñó en querer cambiarlo todo. De ellos aprendimos a movernos en redes, a protestar y proponer, a pensar colectivamente, a imaginar otro mundo posible y a ponerlo en práctica. Compartimos con la juventud más consciente la preocupación por el futuro del planeta, amenazado por la voracidad capitalista, por las más diversas forma de contaminación, por la emergencia climática o por la alarmante pérdida de biodiversidad. Compartimos, especialmente con la mujeres, la preocupación por el machismo patriarcal que sigue haciendo estragos en forma de asesinatos y variadas formas de sometimiento. Compartimos la preocupación por la violencia patriarcal que enfrenta a los pueblos, organizando guerras en beneficio de las élites hasta el punto de ponernos al borde de la extinción. Siempre ha sido uno de nuestros lemas dejar un mundo mejor para nuestras hijas e hijos, nuestras nietas y nietos… para todas las niñas y niños del mundo. Entendemos la defensa de las pensiones como un servicio público más, como la educación o la sanidad, que nos dignifica a todas como sociedad, nos hace un poco más iguales y nos da seguridad. Son derechos por los que hemos luchado durante nuestra vida y a los que hemos contribuido con nuestros impuestos, trabajando en ocasiones desde los catorce o dieciséis años. Sabemos lo que es carecer de derechos, libertades y servicios públicos. Por eso los defendemos con convicción frente al afán privatizador que quiere apropiárselos con palabras edulcoradas como «colaboración público-privada», cuando habría que hablar de negocio y especulación, algo que también amenaza al Sistema Público de Pensiones como denuncia el reciente comunicado del Movimiento Pensionista de Euskal Herria.
Con frecuencia, desde medios neoliberales y entidades financieras oímos hablar de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. ¿Quieren ver a pensionistas vendiendo hamburguesas hasta los ochenta años por no tener otro recurso que una mísera pensión, como pasa con el modelo americano? ¿Acabaremos cobijadas en soportales combatiendo el frío con las mantas que nos done la caridad? No queremos ese futuro para nosotras ni para nadie. La hipocresía del sistema quiere darnos otra vuelta de tuerca con la «insostenibilidad de las pensiones públicas», un sistema que ayuda a la vida digna de más de nueve millones de personas, pero no pone nunca en cuestión el enorme gasto público que supone el sostenimiento de algunas instituciones como el Ejército, la Iglesia o la Monarquía, con una más que discutible utilidad pública cuando no abiertamente perniciosa. Así, el gasto militar para 2024 superará los 60.000 millones de euros, a lo que habrá que añadir las nuevas partidas que son aprobadas casi en cada Consejo de Ministros. Un gasto militar para un ejército que dio un golpe de estado contra la democracia, sostuvo una dictadura durante cuarenta años, amenazó con un constante ruido de sables en la transición y que ahora está al servicio de los intereses del Imperio, sin preocuparle la sangría económica que supone ni el riesgo de vernos envueltas en una guerra. Al menos 12.000 millones de nuestros impuestos van directamente al sostenimiento de la iglesia católica, que llevaba bajo palio al dictador. Es incalculable el dinero que el estado deja de ingresar por los numerosos privilegios que la iglesia tiene. Además le financiamos el adoctrinamiento de nuestras hijas e hijos con la escuela religiosa concertada y le pagamos su propia televisión 13TV, donde amenazan a los derechos reproductivos de la mujer, el matrimonio homosexual o el derecho a una muerte digna. Como dice el refrán, «cría cuervos…». Dicho esto, no somos anticlericales, defendemos todos los derechos humanos, también el religioso, si se viera perseguido. Defender la libertad de culto no les da derecho a que se lo financiemos, lo mismo que no financiamos el derecho de asociación de los «amigos del bonsai» o el «club de senderismo». Apostamos por un estado laico como lugar de convivencia y respeto de todas las creencias e ideas. Lo mismo pasa con la monarquía, impuesta por Franco, plagada de corrupción, de privilegios, y con una manifiesta inutilidad pública, suponiendo su misma existencia una afrenta a la igualdad y la democracia. No es fácil calcular el coste económico de todo el tinglado real, pues a ello hay que añadir la existencia de una ociosa, decorativa y costosa guardia real como elemento de propaganda y militarización. Nos parece urgente acabar con esa larga tradición de la dinastía borbónica de saquear al pueblo español. Pues, si hay que recortar, ya sabe el gobierno de dónde se puede, sin mermar servicios a la ciudadanía. El hecho de que hasta ahora las pensiones se hayan pagado con los ingresos de la Seguridad Social no es ningún dogma y no significa que no puedan y deban tener otra financiación si fuera necesario. Todos los recursos deben estar al servicio de todas las necesidades. Durante décadas el estado ha estado haciendo uso del superávit de la Seguridad Social y es una vieja reivindicación del movimiento pensionista el que se haga una auditoría. Si ahora el gasto supera a los ingresos, habrá que buscar otras formas de financiación, porque hay riqueza más que suficiente para sostener a quienes sostuvieron a otros. Es cuestión de justicia social y vida digna para todas, ahora y en el futuro.
