El problema es la impunidad más que la corrupción
La no lucha contra la corrupción en España:
España sigue siendo el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Esta situación también coloca a España en la lista de incumplidores de las obligaciones impuestas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ya que en España se produce la violación del derecho de acceso a la información, reconocido internacionalmente como un derecho fundamental.
La Administración incumple con su obligación de contestar, escudándose en la figura del silencio administrativo, y condena en costas a quien reclama amparo judicial . El riesgo de tener que pagar costas es un desincentivo enorme para el ciudadano y hace menos probable que alguien decida impugnar judicialmente la falta de respuesta a una solicitud de información.
España, en el marco de sus obligaciones como país firmante de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), debe completar cada dos años un formulario de autoevaluación en el que detalla qué está haciendo para implementar las medidas para luchar contra la corrupción. Esta información en España no es pública.
Un organismo global independiente como Transparency International ha difundido a través de su sección española un demoledor informe: la representatividad del sistema electoral español hace aguas, las cúpulas y las “maquinarias” (aquí se denominan “aparatos”) de los partidos subvencionados por el Estado (todos los actuales que poseen representación parlamentaria) dominan todos los poderes políticos y económicos, el Poder Ejecutivo ha sido borrado del mapa y el Judicial está en manos de la “disciplina de partido” de los jueces que han medrado a costa suya. Desolador.
Hasta las ONGs han sucumbido al pernicioso influjo de las subvenciones, dice esta institución. No existe transparencia en el dinero público, pues es “más simbólica que real”.
“Las redes mediáticas, empresariales e institucionales que se tejen alrededor” de los partidos impiden crecer a la sociedad civil, “algo que tiene su origen en el modelo de transición española a la democracia (pactada con el antiguo régimen) y en las fallidas experiencias históricas de democracia excesivamente “politizada” (I y II Repúblicas sobre todo)”, añade. España está prisionera de la monarquía heredera del franquismo y del miedo a las experiencias fracasadas de las anteriores repúblicas, palabras textuales que Trevijano lleva años clamando en el desierto, proponiendo un modelo constituyente propio y moderno. Ahora parece que por fin se le empieza a escuchar.
El informe señala de forma nítida a “Gobierno, partidos, ONGs, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación” (lo que empieza a ser conocido como “la casta”) por ser los causantes del clima de corrupción generalizada del país, y por ello propone 44 medidas, 10 de ellas “prioritarias”. Y entre ellas reclama que el Estado abra con urgencia en Internet un “Portal de Transparencia” donde quede reflejado y accesible al ciudadano de forma sencilla la relación de todos los empleados públicos, sus categorías y sueldos, asi como todos aquellos que cobren de organismos dependientes del Gobierno o sus autonomías o entes locales (tribunales, universidades, empresas públicas, televisiones, etc…), ya sean funcionarios, políticos o asesores.
Tambien demanda que el ciudadano conozca los gastos de viaje, dietas, teléfonos, tarjetas de crédito, coches oficiales, contratos, inversiones, alquileres y un debate público razonado y por escrito de todas las obras públicas que justifique su necesidad “y las ventajas sociales y económicas de cada una de ellas”. Deben publicarse igualmente todas las ayudas y subvenciones públicas, sus destinatarios y cantidades y el nivel de endeudamiento de todas las instituciones.
Ningún medio de comunicación ni ningún partido político ha querido informar a fondo y sostenidamente sobre este último informe de Transparencia Internacional que hace sonrojar a España y a los españoles. Tampoco escucharán debate alguno en ningún Parlamento nacional o autonómico, a pesar de que existen 20 cámaras en España y el número de políticos cudruplica la media europea.
Fuente: Diario RC- http://www.diariorc.com
