El negocio de las residencias geriátricas puede dejar en la calle a 1000 personas ancianas
La negociación de la Comunidad de Madrid con los propietarios de las residencias geriátricas se está poniendo mucho más difícil que en otra ocasiones. La patronal quiere incrementar el precio por plaza de manera contundente. Se encuentran en una posición de fuerza frente a la administración, dada la dependencia que se ha ido generando como consecuencia de la política de concertación público/privada y el cada vez menor número de plazas públicas para ofertar.
El concierto entre los propietarios y el gobierno de Cifuentes finaliza en el mes de junio. Ahora no les interesa continuar ofertando las plazas a la Comunidad, ya que aunque les venía garantizando un jugoso y seguro ingreso, bajo las leyes de la oferta y la demanda, les puede reportar incrementos en el volumen de beneficios inferiores a lo que podrían obtener en el ámbito totalmente privado.
Muchas familias, que tienen a sus mayores en centros privados con plazas concertadas,están recibiendo cartas en las que se les advierte de que no podrán mantenerlas durante 2017. Lo que supondría el abandono forzoso e inmediato de la residencia y enormes dificultades para encontrar en tan poco tiempo una alternativa que se ajuste a criterios de proximidad y calidad.
Ante esta grave situación, desde la Consejería de Políticas Sociales y Familia afirman que no saben cuántas personas se pueden ver afectadas y califican la situación como “habitual” en pleno período de negociaciones. Sin embargo, el grupo parlamentario socialista señala que podrían estar afectadas hasta 1.000 ancianos.
Actualmente nada menos que el 38% del total de las plazas en residencias de ancianos sostenidas por el gobierno de Cifuentes son concertadas: 9.533 plazas concertadas sobre un total de 25.041 plazas existentes. Se fomenta un gran negocio a costa de las personas mayores que muchas veces se encuentran indefensas ante las malas condiciones del servicio, como consecuencia de la búsqueda del beneficio empresarial maximizado y de las escasas y precarizadas plantillas.
Por otra parte, el grupo socialista insiste en que lleva tiempo advirtiendo de esta situación pero la solución que ofrece es todavía más surrealista. Lo que dice, a través de su portavoz en este asunto, José Ángel Gómez Chamorro, es que el motivo de todo esto es que “el importe que ofrece la Comunidad de Madrid por plaza concertada se encuentra por debajo de los costes reales”.
Lo que no aclara es como han podido sobrevivir las empresas que han estado gestionando estos centros con plazas concertadas si éstas se encontraban por debajo del precio de mercado. Sobre todo si tenemos en cuenta que éstas suponen una gran parte de sus ingresos. Para justificar sus argumentos Chamorro habla de que el gobierno regional ofrece las plazas a un coste de 58 euros por plaza y día, mientras que la memoria económica de la Consejería estima en unos 80 euros el coste.
Algunos familiares han protestado ante esta situación y han criticado no haber recibido ninguna información desde la Consejería. Además se han quejado de que cambiar de entorno a ancianos dependientes “es una aberración que puede repercutir en su salud de forma que no puedan superarlo”. Añadiendo que “cualquier profesional de la medicina geriátrica considera un desatino modificar su entorno o cambiar a sus cuidadores con los que ya existe un conocimiento mutuo de confianza y cariño, que produce un efecto muy beneficioso en su salud”.
Este es el modelo de gestión implantado durante años por PP y PSOE que ha favorecido los intereses de los gestores empresariales y amiguetes con los que intercambiar favores de algún tipo, a costa de un servicio social que debería ser totalmente público por ser tan esencial para amplios sectores de la población en situación de vulnerabilidad.
En definitiva un caso más que evidencia que la privatización de la gestión de los servicios públicos, cualquiera de ellos, se hace a costa de la calidad, la precarización laboral y el deterioro de los servicios que son mercantilizados y puestos en favor del enriquecimiento de los empresarios que logran las concesiones o los conciertos en connivencia con el poder político, que en un sinfín de casos recibe a cambio prestaciones directas en forma de comisiones o salidas como puertas giratorias.
Solo la lucha desde plataformas y organizaciones políticas y sindicales que aboguen realmente por la recuperación de estos servicios públicos bajo gestión democrática de trabajadores y usuarios, podrá salvaguardarlos con los parámetros de calidad, condiciones laborales óptimas y mejora e incremento de la inversión necesaria para su plena optimización.
