Denunciando la venta de 3.000 pisos a fondos buitre
A las 12 horas, desde la glorieta de Cuatro Caminos hemos marchado en una manifestación sin incidentes hasta la llegada a la calle Raimundo Fernández de Villaverde bajo una intensa lluvia con la asistencia de medio millar de personas. Tras cruzar las calles Santa Engracia y Maudes, la comitiva ha cortado Raimundo Fernández de Villaverde para entrar en la calle Orense. Ha sido en la confluencia de estas dos calles cuando efectivos de la Policía Nacional han detenido a Mercedes, acusada de pegar carteles en farolas, tras lo cual se ha producido algún forcejeo entre agentes y manifestantes, que se han indignado con la detención. Tras estos hechos, se ha llegado a la calle Basílica, donde se encuentra la sede del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA).
La PAH de Madrid acusa al IVIMA y al Gobierno regional de hacer negocio redondo con la venta de 3.000 viviendas de titularidad pública, pagadas con los impuestos de todos, al grupo de banca de inversión internacional Goldman Sachs y la gestora inmobiliaria Azora, que según la organización “adquirieron por 201 millones de euros 32 promociones de viviendas de 11 municipios de la Comunidad”. Para ello, la Administración regional modificó el Reglamento de Viviendas con Protección Pública en julio de 2013. Además, desde la PAH de Madrid acusan a la Comunidad de vender los inmuebles por debajo del precio de construcción en Móstoles, Leganés y Tielmes.
Los adjudicatarios de estas promociones del IVIMA, integradas en el Plan Joven de Vivienda de Madrid pagaban un alquiler social de entre 300 y 500 euros, explican nuestros compañeros de la PAH de Madrid, con derecho a compra en condiciones más favorables que las del mercado. Sin embargo, con la venta de las mismas “el Gobierno regional se desentiende del futuro de estas 3.000 familias, cuya suerte depende ahora de un fondo de inversión que adquirió las viviendas por una irrisoria cantidad (67.000 euros de media) y pretende vendérselas a los adjudicatarios de una vivienda social a precio de mercado”, aseguran.
En noviembre pasado varias decenas de ciudadanos presentaron un recurso contencioso administrativo para paralizar el proceso de privatización de vivienda pública a instancias de la PAH de Madrid, la FRAVM y la PAVPS, un recurso que incluye la solicitud de medidas cautelares para suspender el proceso de enajenación de las viviendas públicas hasta que se resuelva el caso en los juzgados.
