Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, agradeció en la tarde de ayer ”que algunos colectivos, ante la radicalidad y el sin sentido, se hayan desmarcado públicamente” de la manifestación convocada para el jueves 25 de abril1. Hemos valorado detenidamente la posibilidad de ignorar estas declaraciones, con las que no nos damos por aludid@s. Sin embargo, sus palabras generan, obviamente, el absurdo dilema entre contestar a una indisimulada  provocación o profundizar con el silencio en el intento estigmatizante promovido únicamente por sus propios agentes y por el propio titular del ministerio. Finalmente, en la medida en que el nuestro ha sido el único comunicado publicado al respecto, y ante la insistencia de algunos medios por vincularnos a sus declaraciones, consideramos oportuno recordarle algunas cuestiones al señor ministro.

Si nos tuviéramos que dar por aludid@s, señor ministro, quisiéramos dejarle claro que no aceptamos su intento gratuito de utilizar nuestras palabras en relación con esta manifestación para dividir a quienes llevamos cerca de tres años protestando en la calle. Hace dos semanas emitimos, por responsabilidad con quienes se juegan el tipo cotidianamente en la calle protestando contra su gobierno, una aclaración técnica, con un fundamento metodológico, destinada a evitar una confusión que comprometiera el derecho a la defensa de las personas que puedan resultar detenidas en una convocatoria que ya cuenta, por otra parte, con su propia cobertura jurídica. Le recordamos igualmente que nuestro comunicado nos representa a nosotros, y no a la totalidad de la diversa realidad del denominado movimiento 15M, como se ha querido hacer entender de manera interesada. Con su intencionada alusión a la “radicalidad” -etimológicamente, “acudir a la raíz” de un problema- como pretendido fundamento de nuestra decisión, no hace sino desvelar que eso es precisamente lo que no hace su gobierno cuando intenta ocultar su nefasta gestión de la crisis -de la que ustedes son responsables- criminalizando a la protesta social.

No aceptamos, por tanto, su agradecimiento, que no es más que una nueva vuelta de tuerca en una estrategia de largo recorrido para generar fisuras internas entre quienes les cuestionan. Tampoco lo aceptamos en la medida en la que proviene de quien es el último responsable de las brutales cargas de sus Unidades de Intervención Policial, que abrieron las portadas de la prensa internacional un día después del 25S, así como de las órdenes que han motivado centenares de denuncias por lesiones, archivadas precisamente porque usted no hace cumplir a sus agentes la instrucción que les obliga a ir debidamente identificados. Cuando hace alusión a que “la  Policía va a hacer cumplir la ley con la profesionalidad a la que nos tienen acostumbrados las Unidades de Intervención”, no podemos sino recordarle que son, desde el 15 de mayo de 2011 hasta el día de hoy, 331 las personas detenidas y 962 las sancionadas sólo en la ciudad de Madrid las que pueden dar cuenta de la “profesionalidad” de sus agentes. Con semejante saldo represivo por parte de un gobierno que gestiona la crisis enjuiciando y sancionando a sus ciudadanos cuando protestan, bien haría con mostrar algún interés por garantizar que las intervenciones de sus UIP fueran proporcionadas y ajustadas a Derecho. No nos utilice para desviar la atención de quienes han dado sobradas muestras de violencia desproporcionada en la calle, ni para justificarla.

Al hilo de sus declaraciones, nos vemos en la obligación de recordarle, por aquello de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y ante su persistente intento por contener la protesta ciudadana, que una manifestación “no comunicada” no es una manifestación “ilegal”, y en consecuencia ésto jamás puede ser motivo para disolverla  Su intención de delimitar en las mismas a los manifestantes “buenos” y a los “malos” exige, como mínimo y más a un ministro de Interior, una lectura rigurosa de la LO 9/1983 reguladora del Derecho de Reunión, recogido, esperamos que lo recuerde, como derecho fundamental en la Carta Magna. Del mismo modo, nos permitirá un último matiz a sus palabras de ayer, recordándole que, nuevamente según la Constitución, la soberanía no reside “en el Congreso”, sino en el pueblo, tal y como recoge su artículo 1.2;  por otra parte, han sido ustedes quienes más insistentemente han demostrado, con el secuestro de esa institución que tan profusamente invoca, que es en la calle donde se encuentran los ejercicios de legitimidad cotidiana por los que habla la voz de aquellos a quienes dicen representar.

Nos despedimos señalándole que quienes visibilizamos en la calle el “malestar social derivado de la crisis económica”, con el que tan identificado parece, agradeceríamos al Ministerio del Interior tanta diligencia para investigar a los responsables de la misma como el que despliega para intentar silenciar la indignación que generan y, de paso, probar a dividirnos con sus afirmaciones (aunque ya le advertimos de que no lo conseguirá). El día en que 1400 antidisturbios sean destinados a esclarecer quiénes han arrastrado a la ciudadanía a semejante situación, a perseguir a un corrupto, a un banquero, a un tesorero; el día que sus agentes cumplan por fin el artículo 11 de su propia Ley Orgánica (“Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades”), no les agradeceremos que hagan correctamente su trabajo, pero tal vez tengamos, sólo tal vez, un motivo menos para salir a la calle.

Comisión Legal Sol