Nueva instancia de acceso a la justicia
Muy pronto, todas aquellas personas que hayan sufrido violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales, tendrán una nueva instancia de acceso a la justicia.
El Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante, el Protocolo), permitirá que personas y grupos obtengan justicia a través de una instancia internacional, si sus derechos son violados y sus gobiernos no ofrecen acceso a la justicia a nivel nacional. Entre estos derechos, se incluye el derecho a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, al saneamiento, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la educación.
“El acceso a la justicia es esencial para las víctimas de todas las violaciones de derechos humanos, y el Protocolo provee un instrumento fundamental para su consecución”, ha afirmado el portavoz de la Coalición.
Queremos felicitar a los primeros 10 Estados que han ratificado el Protocolo, reafirmando la valoración de todos los derechos por igual. Pedimos a los demás Estados que sigan su buen ejemplo. Para lograr la verdadera realización de los derechos humanos y una vida digna para todas las personas, es imprescindible que todos tengan acceso a un recurso efectivo para reclamar por sus derechos.
Uruguay ha proporcionado la crucial 10ª ratificación del Protocolo, lo que significa que éste entrará en vigor dentro de tres meses, el 5 de mayo de 2013. Los 10 Estados que lo han ratificado hasta la fecha son Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Mongolia, Portugal y Uruguay.
El Protocolo constituye una herramienta vital para que las personas, sobre todo aquellas que viven en la pobreza, puedan reclamar sus derechos humanos y pidan cuentas a sus gobiernos por las violaciones de éstos. Asimismo, el Protocolo ofrece la oportunidad de avanzar en la comprensión de las obligaciones del Estado y contribuirá a que se tomen medidas afirmativas para garantizar el goce de estos derechos.
El Protocolo tiene como fin complementar y no sustituir a las instituciones nacionales, que siguen siendo la primera instancia a la que una persona debe acudir para solicitar que se haga justicia. Sin embargo, las decisiones que se tomen mediante este nuevo mecanismo influirán con toda probabilidad en los tribunales nacionales y regionales de todo el mundo.
Los gobiernos deben cumplir este compromiso garantizando que los mecanismos nacionales, como tribunales, defensores públicos, Defensoría del Pueblo o las instituciones nacionales de derechos humanos, tienen plenas facultades y capacidad para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales.
