¿Se imaginan qué dirían los portavoces de la AVT y del PP si la Ertzaintza contratara a un ex militante de ETA para que impartiera cursos de formación a sus agentes? Seguro que Francisco Alcaraz, el demócrata amigo de Ynestrillas, volvería a amenazar con que los suyos se tomarían la justicia por su mano ante semejante humillación a las víctimas. Sin embargo, ya sabemos que la extrema derecha española nunca se ha caracterizado por sus agallas a la hora de tomarse la justicia por su mano; siempre que pegaban un tiro a alguien se aseguraban antes la cobertura de los aparatos del Estado.
Hoy se ha publicado un estremecedor reportaje de José María Irujo que nos cuenta que Emilio Hellín, el ultraderechista miembro de Fuerza Nueva (el partido de Blas Piñar) que asesinó de dos disparos en la cabeza a la militante de izquierdas Yolanda González en 1980, imparte cursos en el Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Policiales (IUICP) y dirige una empresa que asesora habitualmente a las fuerzas de seguridad del Estado. El instituto depende de la Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior. Según se nos dice en el citado reportaje, algunos de los cursos se realizaron en 2008, cuando Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al frente del Ministerio del Interior, pero dudo que veamos al jefe del PSOE dar explicaciones sobre esto. Ya se sabe que si alguien protegió y amparó en nuestro país a los terroristas a sueldo del Estado, esos fueron los socialistas.
Emilio Hellín, hermano de un guardia civil, fue detenido en casa de un inspector de policía, tras la confesión de uno de los participantes en el asesinato de Yolanda, el policía nacional Juan Carlos Rodas. Hellín fue condenado a 43 años de cárcel. Participó en una fuga de la cárcel de Alcalá de Henares pero fue detenido y recluido en la prisión más segura del país, Herrera de la Mancha. Finalmente consiguió que le concedieran un escandaloso permiso penitenciario y escapar con toda su familia (¿es esto posible sin amigos poderosos?) a Paraguay, donde fue recibido como un héroe por el régimen de Stroessner. Allí empezó a trabajar formando a los servicios secretos policiales y militares de la dictadura paraguaya. Finalmente, tras una investigación periodística, fue extraditado a España en 1990. Tres años después ya disfrutaba de permisos y en 1996 se cambió el nombre en el registro civil.
En el momento del asesinato de Yolanda, dirigentes socialistas de la talla de Alfonso Guerra
o Juan Barranco, denunciaron las vinculaciones de los asesinos con las fuerzas de seguridad. Se sospechaba que tras el asesinato estaba la el jefe de la Brigada Especial Operativa, el comisario Manuel Ballesteros, un torturador de la dictadura franquista que fue repescado por el siniestro ministro de interior del PSOE José Barrionuevo. La necrológica que le dedicó El País en 2008 presenta a Ballesteros como un experto en la lucha antiterrorista que participó en las conversaciones con ETA en Argel.
Ya tienen ustedes elementos suficientes para comprender cómo es posible que un ex terrorista trabaje a sueldo de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pagamos todos. Sencillamente, porque fue un terrorista al servicio del Estado. ¿Transición modélica y ejemplar la nuestra? Quienes afirman tal cosa sólo merecen el desprecio de los que somos demócratas.
El País
