Los “yayoflautas” se manifiestan para que gallardón retire su reforma del código penal

Una veintena de “yayoflautas” se concentraron este jueves frente a la sede del Ministerio de Justicia, en Madrid, para demandar que el titular del departamento, Alberto Ruiz-Gallardón, retire la reforma del Código Penal que tiene en marcha.

Los manifestantes, que se autodenominaban “Yayoflautas de Madrid”, se concentraron frente a Justicia hacia las 11,30 de la mañana, coincidiendo con una rueda de prensa en la que el departamento de Gallardón presentó una guía forense para casos de bebés robados.

Los concentrados vestían chalecos amarillos y repartieron panfletos con sus demandas frente al edificio en el que tiene su despacho el ministro. Los efectivos de seguridad que vigilan esta sede gubernamental dejaron que los jubilados realizan sin mayor problema su acto de protesta.

Los “yayoflautas” son un movimiento de jubilados y personas mayores que han protagonizado en los últimos meses acciones de protesta relacionadas con la grave crisis económica que sufre España. Estos “indignados” de la tercera edad han protagonizado iniciativas como ocupar simbólicamente entidades bancarias.

“VIOLENCIA POLICIAL”

En este sentido, los “yayoflautas” que se concentraron frente al despacho de Gallardón repartieron unos panfletos con el encabezamiento “En defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía”, en el que se pedía “la paralización del proyecto de Código Penal” impulsado por Gallardón.

Estos jubilados argumentan que Justicia “pretende aprobar una reforma del Código Penal dirigida a criminalizar las acciones de protesta pacífica, así como la difusión de las mismas a través de las redes sociales”.

Los manifestantes también reclamaban en este escrito “el cese de toda violencia policial indiscriminada dirigida contra la población civil y, muy especialmente, el uso de balas de goma y gases lacrimógenos por los cuerpos antidisturbios”.

El panfleto de los “yayoflautas” de Madrid hacía estas reclamaciones tras sostener que en España se vive una “situación de retroceso de libertades” y una “presión gubernamental” para “criminalizar el activismo comprometido con los derechos fundamentales”.

Ecodiario-eleconomista.es

(SERVIMEDIA)

17-ENE-13