Autor: Agustín Moreno

«La huelga es un derecho fundamental de los que definen si un país es democrático o no. Solo las dictaduras la prohíben y la consideran delito de sedición, como durante el franquismo. Los gobiernos autoritarios en democracias de baja intensidad la criminalizan a través de sus leyes.

Todo empezó cuando Rodríguez Zapatero, bajo el chantaje de la troika, “se sentó en la mesa de los caníbales”, en acertada expresión de Rafael Chirbes. La huelga general de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del PSOE registró un número importante de detenidos. En esta huelga se produjo el incidente en las puertas de Airbús en Getafe (Madrid), en el que la policía llegó a disparar al aire ante un masivo piquete (se recogieron siete casquillos de bala), además de las cargas que provocaron varios heridos. Quizá para tapar esta grave actuación, se procesaron a 8 trabajadores y sindicalistas a los que se pide 66 años de cárcel por defender el derecho de huelga.

Aquello fue un aviso a navegantes: se iba a endurecer la represión ante las protestas que se preveían por el duro ajuste social y de derechos que había empezado a producirse. Algo que se intentó legitimar con una alevosa reforma exprés de la Constitución (nuevo artículo 135). El PP iría más lejos con la reforma del Código Penal (CP) de 2015 y la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley ‘mordaza’. Se trataba de criminalizar toda protesta sindical y ciudadana contra la política antisocial y de recorte de las libertades.

El resultado está ahí y los datos hablan por sí solos: más de 300 sindicalistas procesados y con petición de penas de cárcel por participar en huelgas y en la acción de piquetes que es consustancial al derecho de huelga. Indica una estrategia de represión política decidida e impulsada por el Partido Popular y su gobierno a través de los ministerios de Justicia e Interior. Son innumerables los ciudadanos sancionados (o procesados) con multas gubernativas por la luchas de las mareas, las plataformas antidesahucios, estudiantes, vecinos y otros activistas. No es casualidad que la represión más dura se esté produciendo en los núcleos más organizados y combativos de los trabajadores (Airbús, Coca Cola,…).

La petición de penas y multas es desproporcionada en relación a los hechos. Compárese, incluso, con las que fijaba el Tribunal de Orden Público franquista: en 1972 en el proceso 1001 pedían 162 años para diez personas; en 2015 se piden 66 años a los ocho sindicalistas de Airbús, en el juicio que se celebra el 9 de febrero. Y ello a pesar de que en España ha habido un ejercicio más que razonable del derecho de huelga. Incluso, hay quien lo califica de excesivamente moderado: dos Huelgas Generales (27 de septiembre de 2010 y el 29 de marzo de 2012) frente al vendaval de recortes y agresiones sociales, reformas laborales que conformaba la política de austeridad. Compárese, por ejemplo, con Grecia.

Se produce, además, un agravio comparativo con el tratamiento que se da a gravísimos delitos de corrupción que crean gran alarma social. Solo hay que pensar en los imputados del partido político que es el principal responsable de esta criminalización de los sindicalistas y activistas sociales o ciudadanos. Es muy fuerte la tolerancia con los delincuentes de partido y la extrema dureza con los trabajadores, jóvenes o desahuciados.

Esperemos del sentido jurídico y de la profesionalidad de los tribunales que no se consume un disparate contra las libertades. Así lo expresan en un manifiesto contra la criminalización del derecho de huelga un amplio grupo de 225 juristas y expertos en la materia, pertenecientes a 28 universidades. Pero sobre todo urge derogar esta legislación que da pie a una auténtica oleada de represión para intimidar a los trabajadores y a los que no se resignan a la injusticia. El objetivo es acabar con el artículo 315.3 del CP (y otros) y derogar la ley de Seguridad Ciudadana. Esta restitución de garantías para las libertades y derechos debe de ser objeto de acuerdo en las negociaciones que se están celebrando para formar gobierno en el país.

Los procesados de Airbus se han negado a pactar con la fiscalía ninguna chapuza que evitase su entrada en prisión a cambio de reconocer la culpabilidad de un delito inexistente. Algunos se van a dar cuenta de que queda mucha dignidad laboral y sindical en España. No es un ataque solamente a los trabajadores y sindicatos: es un atentado a las libertades democráticas y al Estado de Social y de Derecho. Y en esa medida, la ciudadanía democrática debe solidarizarse, apoyar la libertad de los encausados, exigir el cambio de legislación y salir a la calle a manifestarse contra este retroceso en las libertades. El próximo 11 de febrero tiene la ocasión de hacerlo en las calles de Madrid. Debe quedar muy clara una cuestión: ningún trabajador debe ir a la cárcel por defender sus derechos. O que los responsables políticos de ello afronten las consecuencias de romper la baraja democrática».