Día europeo de acciones descentralizadas contra el TTIP y CETA

En 20 ciudades distintas, el sábado 21 de enero nos hemos movilizado movimientos sociales, organizaciones, colectivos, plataformas y asambleas ciudadanas que compartimos una profunda preocupación por las diversas amenazas que plantean el Tratado Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP, por sus siglas en inglés, también conocido como Tratado de Libre Comercio Transatlántico o TAFTA) y el Tratado Unión Europea con Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA). Representamos intereses públicos muy diversos, incluyendo la protección del medio ambiente, la salud pública, la agricultura, los derechos de lo/as consumidore/as y la protección de las normas alimentarias y agrícolas, las normas sociales y laborales, los derechos de las personas trabajadoras, los derechos de las mujeres y la lucha contra la dominación patriarcal, el acceso público a la información y los derechos digitales y la defensa de los servicios públicos esenciales como la educación y el control público y social de los sistemas financieros, el bienestar animal, entre otros.

Tenemos el firme compromiso de rechazar las actuales negociaciones sobre el TTIP, para garantizar un debate político transparente y democrático. Todos los acuerdos deben servir al interés público y a nuestro futuro común.

El discurso oficial argumenta que estos tratados crearán puestos de trabajo y aumentarán el crecimiento económico. Sin embargo, más que los ciudadanos, es mucho más probable que solo las grandes corporaciones se vean beneficiadas por dichos acuerdos. Estas son las principales razones:

• Los inversores podrán demandar a los estados. El llamado Arbitraje de diferencias inversor-estado (conocido como ISDS del inglés Investor-state dispute settlement) – incluso en su nuevo disfraz como el “sistema de arbitraje de inversiones” de la UE (conocido como ICS del inglés Investment Court System) – dará a los inversores extranjeros (es decir, a las empresas canadienses y estadounidenses) el derecho a demandar a estados europeos si creen que leyes o medidas de la UE o de cualquiera de los estados miembros ha perjudicado a sus inversiones y disminuido sus beneficios esperados. Esto afectará también a leyes y medidas promulgadas en el interés del bien común, como por ejemplo las destinadas a la protección de los consumidores y del medio ambiente.
• Las corporaciones serán invitadas a participar en la redacción de nuevas leyes. La llamada “cooperación regulatoria” permitirá que representantes de grandes compañías y burócratas de ambos lados del Atlántico influencien los borradores de ley en grupos de expertos antes incluso de que estos sean debatidos en los parlamentos electos. ¡Esto socava la democracia!
• Las grandes compañías tienen demasiada influencia en las negociaciones secretas del CETA y el TTIP. En el 92% de todas las reuniones de las partes interesadas que la Comisión Europea ha mantenido en la fase preparatoria del TTIP, solo han sido escuchados representantes de empresas. Solo en algunos pocos casos representantes de los consumidores y de los sindicatos han sido invitados para expresar su opinión. La influencia de las empresas se mantiene durante las negociaciones: Incluso algunas expresiones en los borradores de ley que se han filtrado a la luz pública provienen directamente de los lobbies empresariales.
• Las negociaciones se realizan en secreto. Nuestros representantes públicos saben muy poco de los progresos y el público en general es incapaz de ver ninguno de los textos de los acuerdos a los que han llegado hasta que las negociaciones hayan terminado.Los miembros del Parlamento solamente están capacitados para leer esos bastos textos legales (el acuerdo CETA, por ejemplo, tiene unas 1500 páginas) en habitaciones especialmente diseñadas sin ayuda de expertos, y no les está permitido decirles al público lo que han leído. Una vez que las negociaciones hayan finalizado, ellos solamente podrán aceptar o rechazar los acuerdos, sin tener la posiblidad de pedir cambios.
• Los estándares de calidad alimentaria y de protección del consumidor pueden verse debilitados. A través de la puesta en común de regulaciones, objetivo del TTIP, los estándares europeos se ven amenazados, ya que los estándares estadounidenses son en muchos casos significativamente más bajos. Además, desde el lado estadounidense se quiere que la UE acepte su aproximación a la evaluación de riesgos, que permitiría que cualquier producto se pudiera vender hasta que el estado pudiera probar que es dañino. Hasta ahora, las compañías europeas deben demostrar que sus productos son inofensivos antes de introducirlos al mercado.
• Los derechos y empleos de los trabajadores correrían peligro. Los Estados Unidos se niegan a reconocer derechos básicos de los trabajadores (sólamente ha ratificado dos de los ocho estándares laborales básicos de la OIT), y la “carrera hacia el abismo” desencadenada por el TTIP podría convertirse en un peligro para los derechos de los trabajadores también en la UE. Además, una mayor competencia del extranjero podría llevar a pérdidas masivas de trabajos. Un estudio publicado por la Universidad de Tufts (EEUU) establece que podrían perderse 600.000 trabajos debido al TTIP.
• Los países europeos estarían bajo presión para permitir tecnologías de alto riesgo como el fracking o la modificación genética (conocido por las siglas GM del inglés Genetic Modification). Como parte del TTIP y/o CETA, se podría permitir a las empresas llevar a los gobiernos ante árbitros si regulan o prohíben estas tecnologías de alto riesgo.En 2013, la compañía de gas y petróleo Lone Pine puso a una demanda de 250 millones de dólares contra Canadá, después de que el estado de Quebec estableciera una moratoria sobre el fracking.El TTIP y el CETA allanarán el camino para un número cada vez mayor de demandas como esta.
• CETA y TTIP aumentarán aún más las desigualdades. Los ya privilegiados se beneficiarán más de CETA y TTIP. Las grandes empresas obtendrán aún más ventajas con respecto a las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos. Es probable que la crisis económica de la UE se va a profundizar aún más, y se prevé que los estados miembros más competitivos van a embolsar la mayor parte del potencial de crecimiento del PIB. Los países de la periferia de la UE, que ya son altamente dependientes del capital extranjero, corren el riesgo de perder la oportunidad de empleo de calidad y la inversión sostenible. A escala mundial, la desigualdad entre los países desarrollados y en desarrollo aumentará aún más, según estudios pronosticando caídas dramáticas del PIB y pérdidas de empleo en terceros países.
• La liberalización y la privatización se convertirán en caminos de un solo sentido. El CETA y el TTIP harán aún más complicado y posiblemente incluso imposible – el devolver instituciones públicas, hospitales o la recogida de basuras al sector público una vez que hayan sido privatizados.

El CETA y el TTIP quieren aumentar el poder de las multinacionales a expensas de la democracia y del bien general.