Concentración contra la Pobreza Energética

MANIFIESTO

Otro invierno más volvemos a concentrarnos en las plazas, arropados con mantas e iluminados con velas, como símbolo de la situación de muchas familias que pasan frío en sus viviendas porque no pueden pagar sus facturas de electricidad o gas.

El acceso a la cantidad de energía necesaria para una vida digna y saludable, asequible y fiable para todas y todos debería ser un derecho y no una mercancía, puesto que afecta en gran medida a nuestra calidad de vida, alimentación, salud y formación entre otras circunstancias.

Según el Estudio técnico sobre pobreza energética en la ciudad de Madrid de 2016, en el periodo de 2001 a 2009 la mortalidad causada por el frío fue de 1.473 personas. Pero la pobreza energética no se limita al invierno, en ese período murieron 344 personas debido al calor. Prácticamente el 84 % de esa mortalidad corresponde a gente mayor, al grupo de edad de 65 años o más. Lo que nos sitúa  como un grupo especialmente vulnerable en caso de sufrir pobreza energética no solo en el invierno sino también durante los meses de verano.

La escalada de precios energéticos y la bajada de los salarios actuales conducen a situaciones en las que aunque una persona tenga trabajo remunerado no pueda cubrir sus necesidades básicas como ser humano integrado en una sociedad: vivienda, agua, energía, alimentación, salud, comunicación, formación y educación.

En pleno siglo XXI es inaceptable seguir dando la espalda a un derecho básico como es el acceso a la energía, por lo que exigimos la aprobación de una ley de medidas de protección integral contra la pobreza energética, que garantice un consumo energético mínimo para todas las personas, necesario para el desarrollo de una vida digna tanto en el ámbito físico como social. Del mismo modo, la norma debe atacar las causas profundas de este problema y promover una reforma integral del sistema energético que priorice la vida frente a los beneficios de las grandes empresas. Y también una planificación de la rehabilitación energética de las viviendas, atendiendo especialmente los casos en que las bajas rentas de los inquilinos hacen necesarias ayudas de las administraciones públicas.

Por todo ello, seguimos denunciando la situación de pobreza energética que afecta a la población en siguación de mayor vulnerabilidad, y reclamamos una vez más a las Administraciones Públicas su responsabilidad de dar una solución efectiva a este grave problema social.

La energía no es un lujo! Es un derecho!